El eComercio, debido a su importancia tanto para empresas como a ciudadanos, ha sido objeto de regulación por parte de las autoridades comunitarias. Regulación que tuvo su primer impulso debido a la fuerte progresión sufrida por el comercio electrónico en la última década de los años 1990, fruto de la cual surgió la Comunicación de la Comisión de 18 de abril de 1997: “Una iniciativa europea en el sector del comercio electrónico”.
Esta Comunicación analizaba el comercio electrónico en el contexto internacional, comparando las bazas europeas frente a los avances americanos en el sector, y poniendo el acento en la necesidad de compatibilizar el comercio electrónico con los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo planteaba por primera vez el problema de la aparición de la delincuencia cibernética, cuestión a la que se debería hacer frente con urgencia a fin de reforzar la confianza en el comercio electrónico.
Posteriormente y con el ánimo de establecer un marco jurídico en el que los servicios de la Sociedad de la Información se ajustasen a los principios del mercado interior (libre circulación y libertad de establecimiento), se instauraron una serie de medidas armonizadas según Directiva 2000/31/CE de 8 de junio.
Esta Directiva sobre el comercio electrónico se proponía reforzar la seguridad jurídica del comercio electrónico con el fin de aumentar la confianza de los internautas en las transacciones realizadas online, creando un marco jurídico coherente a escala europea en este sector, evitando un exceso de reglamentación. Para ello se inspiró en las libertades del mercado interior, teniendo en cuenta las realidades comerciales, y proponiéndose dar una protección eficaz a los objetivos de interés general. Se caracteriza también por la voluntad de eliminar disparidades en la jurisprudencia de los Estados miembros, creando una situación de seguridad que favorezca la confianza de consumidores y empresas
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